El informe no vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la central de Garoña concluye que es viable la renovación de su licencia por 10 años más, por lo que podría seguir en servicio hasta 2019 siempre que logre la aprobación del Gobierno.
El Consejo, formado por dos consejeros a propuesta del PSOE, dos del PP y uno de CiU, ha presentado en el último día de plazo su informe al ministerio de Industria, que ahora tendrá un mes, hasta el 5 de julio, para decidir si cierra o no la central nuclear burgalesa, la más antigua de las seis (ocho reactores en total) que operan actualmente en España.
La planta, en activo desde 1971, fue diseñada para tener una vida útil de 40 años. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear ha concluido por unanimidad que cumple con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para rozar los 50 años de servicio.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró hace unos días que el Ejecutivo "está barajando todas las alternativas posibles", aunque hizo un guiño a la central al afirmar que a las centrales nucleares "les pasa como a las personas, que hay algunas que con veinte o treinta tienen achaques y otras que con cincuenta están estupendas".
Por su parte, los dueños a partes iguales de la central, Iberdrola y Endesa, han advertido al Gobierno de que recurrirán al Tribunal Supremo en caso de ser cerrada para reclamar una indemnización de 1.000 millones de euros por las inversiones aún no amortizadas y por la pérdida del flujo de caja previsto hasta 2019.
Otra de las preocupaciones sobre el posible cierre de Garoña es el impacto que podría tener en la zona. Según los departamentos jurídicos de las compañías eléctricas, echar el cerrojo de Garoña supondría suprimir 1.000 empleos, 600 de ellos directos, en el norte de Burgos, además de poner fin a uno de los atractivos económicos de la región.
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