LA INFORMACIÓN que hoy publicamos sobre la forma en la que el alcalde de Seseña (Toledo) se hizo rico coincidiendo en el tiempo con la adjudicación del plan para construir más de 13.000 viviendas en ese municipio debe servir para que la Administración extreme los controles en las operaciones urbanísticas. El hoy ex edil socialista José Luis Martín recibió 700.000 euros de dos empresas vinculadas a Gianni Montaldo, un italiano relacionado con la mafia de Calabria y procesado por sobornos en el caso Malaya.
Si la opinión pública ha estado durante meses en vilo por cuatro trajes y un nebuloso delito de cohecho pasivo, qué no habrá que decir de lo que se presenta como un cohecho de libro que acabó con la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados y la construcción de un monstruo de cemento para 40.000 personas sin ningún respeto a normas básicas. Baste decir que cuando el Ayuntamiento de Seseña aprobó el polémico plan en 2003 lo hizo sin una declaración de impacto ambiental y sin el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo que debía valorar las necesidades de agua de la nueva ciudad. Pero no sólo sorprende la condescendencia municipal ante una obra que cambiaba la faz de un pueblo de 14.000 habitantes. También la Administración autonómica, dirigida entonces por José Bono, tramitó el expediente con una celeridad cuando menos sospechosa.
Por ahora, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en la actuación del hoy ex alcalde. Éste, taxista de profesión, llegó a alegar para justificar el origen de su sorprendente fortuna que tenía cinco cupones premiados de la ONCE.
Hoy, la realidad de aquel proyecto faraónico es una calamidad. Francisco Hernando, El Pocero, que se encargó de la edificación, ha abandonado la obra habiendo construido menos de la mitad de las viviendas comprometidas. Centenares de pisos han quedado sin vender y la urbanización de la zona sigue pendiente, lo que obliga al Ayuntamiento a tener que salir en auxilio de los nuevos vecinos, que ni siquiera pueden afrontar por sí solos los pagos para el mantenimiento del complejo residencial.
Seseña es el símbolo del declive de Francisco Hernando, que ha visto en pocos meses cómo se frustraban otras de sus iniciativas como su empresa dedicada a los vuelos de lujo, su incursión en el motociclismo o sus intentos por construir en Guinea. Pero también es la imagen del fin de toda una época, la del boom inmobiliario, llena de pelotazos conseguidos al abrigo de las instituciones, y que encontraron en Marbella su ejemplo más claro. Y es el colofón de toda una serie de megaproyectos alentados por las administraciones autonómicas, muchos de los cuales respondían más a la imagen de poder y bonanza que se trataba de transmitir que a la realidad económica y social. Algunos han acabado siendo auténticos fiascos. En Castilla-La Mancha hay claros ejemplos. No sólo fue un fracaso la nueva Seseña; también lo han sido el aeropuerto de Ciudad Real o el abortado parque tecnológico de la inmobiliaria Petrus en una localidad toledana de 5.000 habitantes como Casarrubios del Monte, que iba a transformar más de dos millones de metros cuadrados en un complejo industrial. Que algunas de estas iniciativas contaban con el favor político lo demuestra el desmedido respaldo financiero que recibían de las cajas de ahorros. Caja Castilla-La Mancha, que ha acabado siendo intervenida por el Banco de España, fue una de los grandes pilares en los que se apoyó El Pocero.
Las revelaciones de cómo se actuó en Seseña y las conexiones con Marbella deben llevar a la Justicia a investigar el fondo del asunto. Su exasperante lentitud contrasta con la rapidez con la que se dieron los permisos.
